La sociedad argentina
reclama que se devuelva al Estado el dinero
mal habido con origen en delitos como narcotráfico, lavado de dinero,
terrorismo, trata de personas o corrupción. Hace dos años, el 23 de junio de 2016, la Cámara de
Diputados sancionó con amplia mayoría un proyecto de ley para dar respuesta a
ese reclamo, girándolo a la Honorable Cámara de Senadores, donde se encuentra
en el día de la fecha.
Extinción de dominio” es un
término que se utiliza en varios países de América Latina para referirse a una
forma particular en la que el Estado le quita a una persona la propiedad de
determinados bienes relacionados con un delito. Generalmente, se trata de las
ganancias generadas (por ejemplo, el dinero cobrado por la venta de cocaína),
pero también puede abarcar otros casos (por ejemplo, los autos utilizados para
trasladar la droga).
Cuando esto sucede dentro
de un proceso penal, las leyes (como el Código Penal argentino) suelen
denominarlo “decomiso”, y generalmente se puede aplicar sólo cuando la persona
es condenada por el delito. Sin embargo, varios países de la región -al mismo tiempo
que mantienen el decomiso por vía penal- han regulado un proceso de “extinción
de dominio” que se desarrolla en un fuero distinto. Puede ser un fuero creado
específicamente para esos casos (con jueces que únicamente intervienen en casos
de extinción de dominio) o un fuero ya existente pero distinto del penal (por
ejemplo, la Justicia civil).
La principal diferencia
radica en que al no tratarse de un proceso penal (donde se aplica el decomiso),
en la extinción de dominio no existe una condena para la persona propietaria
del bien. Lo que existe es una sentencia de un juez que declara que el bien
está vinculado con un delito, pero no es necesario que un juez penal condene a
la persona por ese delito para que se pueda recuperar el bien y disponer de él.
El proyecto de ley de extinción de dominio que espera ser tratado en el
Congreso afirma esto último, al regular la extinción de dominio como una acción
autónoma, ”distinta e independiente de la persecución y responsabilidad penal”.
La versión original del proyecto permitía aplicarla a bienes vinculados con
cualquier actividad delictiva, pero durante el tratamiento en la Cámara de
Diputados, esto se redujo a un catálogo de delitos vinculados con la
narcocriminalidad, el terrorismo, la trata de personas, la corrupción, el
lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Este proyecto de ley de
extinción de dominio tiene varios puntos que fueron cuestionados por expertos
en su paso por el Congreso.. Sin embargo, la mayoría considera que su
aprobación le daría al Estado mayores herramientas para aumentar la eficacia en
la persecución de la criminalidad compleja y organizada.
Hoy en día ya existen
herramientas para que el Estado “recupere los bienes del narcotráfico y el
crimen organizado”; el principal problema no es la falta de herramientas
(legislación) sino su falta de aplicación eficiente.
Por un lado, el Código Penal permite recuperar las ganancias y los
instrumentos del delito cuando se condena a una persona (art. 23, primer
párrafo). Además, desde 2011 (ley 26.683), en los delitos contra el orden económico y
financieros existe la posibilidad de decomisar bienes antes de la condena (art
23 CP, párrafo séptimo). Sin embargo, hasta el momento, son muy pocos los
casos que se conocen en los cuales se hayan decomisado bienes sin que exista
una condena penal. Según la información disponible, el primer decomiso sin
condena se dio en 2016 en el caso de Antonini Wilson.
Asimismo, el nuevo Código Procesal Penal de la Nación prevé en su art. 275
la posibilidad de decomisar sin condena bienes relacionados con la delincuencia
económica y financiera, la narcocriminalidad y la trata de personas. Sin
embargo, la implementación de este Código fue suspendida por el Poder Ejecutivo
Nacional a través del Decreto 257/15.
En síntesis, si bien la
extinción de dominio daría a la Justicia nuevas herramientas, actualmente ya
existen otras que no están siendo aplicadas de manera eficiente.
Por: Agustín
Carrara y Martina Cirimele
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